Maniobras delictuales sobre automotores

Por Oscar Agost Carreño (*) (*) Encargado Suplente del Registro de Propiedad del  Automotor -Córdoba N° 24-

 

En el presente artículo trataré de abordar en forma concreta las modalidades delictuales más comunes relacionadas con los automotores. Es muy complejo el asunto y en la práctica se ve con cierta frecuencia, pero aun así existe en las bibliotecas jurídicas muy poca doctrina que analice la cuestión, lo que hace más difícil que los operadores jurídicos y el común de los usuarios del sistema comprendan qué se debe hacer ante estos delitos sobre automotores.
Antes de entrar en tema y al efecto de comprender las modalidades que trataré más adelante, considero indispensable abordar las distintas formas que tienen las terminales fabricantes de vehículos de identificar los automotores que producen. Internamente vemos que los automóviles deben llevar una doble numeración en las dos piezas estructurales que lógicamente forman un automotor. Me refiero con esto a los números de chasis y de motor, los que se asignan a una unidad lógica automotor, asentándose los mismos en el correspondiente certificado que la fábrica extiende al sacar de la terminal cualquier vehículo. Luego, el Registro Nacional de la Propiedad Automotor al inscribir en forma constitutiva el dominio a nombre de una persona física o jurídica el automotor, se le asignará un “número de dominio” con una placa metálica (chapa patente) que identificará externamente el bien.

Ahora bien, retomando la identificación interna del motor y el chasis, vemos que la primera numeración se efectúa directamente sobre el block del motor (o bloque de cilindros). Dicho elemento es el cuerpo principal del motor y se ubica entre la culata y el cárter del automóvil, siendo generalmente una pieza de hierro fundido o de aleación provisto de los cilindros. Siguiendo este orden de ideas vemos que este block de motor está suspendido sobre el chasis (esqueleto estructural del automotor) o en su caso sobre el bastidor (armazón de metal sobre el que se asienta el resto de la estructura de un vehículo, en general camiones y asimilables). El chasis se encuentra fijado por unas piezas llamadas soportes, y es sobre esta estructura donde se coloca la segunda numeración interna, específicamente sobre uno de los pasaruedas delantero o bien al costado sobre las torretas de amortiguación del vehículo. Incluso, algunas terminales por razones de seguridad han agregado una “chapita” metálica en la que se repite el número de chasis y que en general se coloca en la estructura ubicada en el habitáculo del motor a la altura del volante o en los parantes de las puertas delanteras o de la estructura de la cabina del vehículo. Es posible encontrar además en automotores más modernos otras numeraciones de seguridad ubicadas en otros lugares de los mismos, facilitando muchas veces determinar el lugar de armado de los mismos.

Los denominados “gemelos”

Dicho esto, comenzaré el tema que me ocupa analizando el caso de los automotores gemelos. Estos son aquellos vehículos que, tras ser robados de la vía pública, se les adultera sus números de identificación internos (chasis y motor). Incluso, puede hablarse de “gemelos” para referirnos a los vehículos robados en los que se le han “limado” dichas identificaciones con ciertas herramientas y químicos especiales y se han retirado de la estructura las “chapitas” en las que la numeración del chasis se repiten. De esta manera es muy difícil que una persona pueda reclamar el vehículo robado, ya que desprovisto de numeración interna y externa se torna imposible identificar sin una pericia química el automotor de que se trata. De esa forma los delincuentes que realizan este tipo de maniobras buscan evitar que a quien les entregan el vehículo robado no puede accionar civilmente en su contra por no poder basarse en una adquisición de buena fe registral. Esto se debe a que para nuestro sistema constitutivo de registración automotor, todo vehículo que carezca de identificación interna presume un origen delictual, no pudiéndose argumentar nunca buena fe por no haberlo adquirido cumplimentando los pasos establecidos por la normativa para su tradición.
Otra característica de esta maniobra delictiva implica el hecho de que quienes la llevan adelante dotan a la unidad de numeración igual a la de otro vehículo distinto del robado pero con las mismas características, el que está en legalidad, de esa forma ante eventuales controles policiales aparentaría el auto robado ser uno distinto pero ajustado a la ley.

Los denominados “mellizos”

Otra variante similar de estas modalidades ilícitas es la del “auto mellizo” en la que, a diferencia del caso anterior, al automotor robado sólo se le cambia la placa metálica (número de dominio) que identifica externamente a éste.  De esta manera esta modalidad delictual hace especial hincapié en falsificar la documentación o simplemente “retocar” el número de dominio inserto en ella, manteniendo la identificación interna de chasis y motor.

Las “ventanas” sobre el chasis

Otra modalidad delictual muy común en la práctica forense automotor se relaciona a las denominadas “ventanas”, las que importan efectuar un corte total o parcial sobre la numeración de chasis (normalmente sobre el pasaruedas) para por detrás del agujero creado soldarle una nueva chapa de identificación grabada ilícitamente por algún mecánico que tenga en su poder cuños para fundir numeraciones sobre metales. Igualmente se da el caso de “ventanas” cuando la chapa que se suelda provienen de otros vehículos destruidos o incluso robados, manteniendo un cuño original de fábrica.

Los cambio de pieza

Otro caso de ilícitos realizados para adulterar la numeración del chasis de un automotor se da cuando se mantiene el cuño grabado original de fábrica de un automotor, pero se remueve la pieza completa que contiene la numeración del chasis, de esa manera se pueden utilizar piezas de autos destruidos, chocados, etc. no informados al Registro Nacional para asignárselo ilícitamente a vehículos robados.

La adulteración de documentación registral

Otra modalidad bien conocida se relaciona a la adulteración de documentación registral, ya sea creando documentos similares o robando documentación emitida por la Autoridad e imprimiendo información falsa en ella, manteniendo las medidas de seguridad exigibles para tal documentación.
Por estos días se ha incrementado una práctica más compleja que conlleva que los delincuentes, haciendo uso de herramientas de precisión, quitan la numeración de títulos y cédulas, tanto el número en tinta visible como en tinta invisible. Luego se imprime sobre la documentación números similares en tinta visible, pero que no figuran en las bases de dato como robados.

Otras modalidades ilícitas

Existen otras modalidades que son menos menos frecuentes pero que en forma aislada suelen detectarse en la práctica forense automotor. Algunos de estos casos implican rebajar con limas la numeración de motor, para gravarle con cuños ilícitos nueva numeración, o bien retocar parcialmente algunos números del cuño de chasis o motor, generalmente aprovechando el parecido entre ciertas letras y números.
Otros casos se dan cuando los delincuentes utilizando pulidoras de precisión “borran” totalmente las numeraciones, estapando nuevas en forma muy prolija para evitar su detección por parte de policías y peritos.

Detección del delito y los pasos a seguir

Explicadas las modalidades delictuales más usuales sobre automotores, considero pertinente abordar el tema de la detección de tales maniobras. En general, suelen detectarse las adulteraciones ante mencionadas a la hora de efectuarse la verificación física de un dominio en las plantas verificadoras de la Policía o en aislados casos ante un control de rutina efectuado por oficiales de Policía en la vía pública (más comúnmente cuando lo que también se ha adulterado es la documentación del vehículo). En esos casos los oficiales verificadores o de control deben establecer si presumen actitud delictiva en los retoques que pueden encontrarse sobre las piezas donde se encuentran las numeraciones de chasis y motor de un vehículo.
En caso de establecer la autoridad que no se trata de la perpetración de un ilícito penal, por ejemplo en el caso de reparaciones mecánicas de buena fe o bien por un proceso de oxidación del metal por el paso de los años o el descuido del dueño del vehículo, se hará conocer esto al Registro Seccional  que corresponda para que se inicie un procedimiento de gravado de una nueva codificación asignada por dicho organismo y que suele conocerse como “numeración de RPA”.

Pero si la Policía presume actitud delictiva o no logra saber a ciencia cierta si se trata de una anomalía producto de un ilícito, se procede a secuestrar el vehículo para proceder a determinar judicialmente si se trata o no de un dominio con numeraciones adulteradas. Es importante en este proceso el resultado de las pericias que se ordenen, las que usualmente se reservan al personal altamente capacitado de las fuerzas de seguridad y que buscarán determinar el origen de las piezas cuestionadas.
Por lo general, la pericia que suele efectuarse sobre estas piezas implica un procedimiento científico denominado “revenido químico”. Dicho tratamiento importa volcar fuertes químicos sobre la pieza de dudosa procedencia para intentar descubrir la numeración original estampada por la terminal de fabricación. En caso de lograr determinar la misma con este procedimiento (pericia con resultado positivo), el especialista debe procurar determinar si coincide con la numeración asignada en la documentación del automotor. En caso de coincidencia, y contando con otras pruebas que demuestran la causa de la posesión del vehículo por parte de quien lo conducía al momento del control de la numeración, se ordena la devolución definitiva del automóvil cuestionado, habilitando al poseedor a regularizar su situación mediante el procedimiento de asignación de nueva numeración por el Registro seccional que corresponda (numeración de RPA).

Ahora bien, si se descubriera la numeración original y ésta no fuera la misma que la que surge de la documentación del dominio o se determina que ésta también es apócrifa, se ordena el secuestro del automotor para iniciar la instrucción penal que corresponda por los hechos ocurridos y contra los que se consideren autores de los mismos. En la mencionada investigación se intentará determinar, por medio de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, el origen de las piezas objeto de las pericias para luego buscar restituir el dominio a quien por derecho corresponda. Pero aún en ese caso, si quien conducía el dominio al momento del control, era un adquirente de buena fe, éste deberá accionar en contra del transmitente por los daños ocasionados perdiendo la suma abonada, el automotor y el consiguiente derecho de hacer la inscripción definitiva ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor por carecer de los requisitos requeridos para la buena fe registral.
Ahora bien, puede suceder que el revenido químico arroje un resultado negativo, por no poderse determinar la numeración original de la pieza objeto de la pericia; en ese caso la autoridad deberá iniciar una investigación para determinar la existencia del delito y juzgar a quienes lo cometieron, pero no se podrá devolver el vehículo a titular registral alguno ni mucho menos a quien lo conducía al tiempo del control si se presumiera su complicidad, quedando dicho bien a disposición de la autoridad hasta tanto se decida que hacer con él. Pero puede suceder que en el marco del proceso penal abierto a los efectos se resuelva restituirlo al poseedor que conducía el vehículo en calidad de depositario judicial si éste demostrara “rasgos” de buena fe en su actuar. Incluso, en caso de ser éste poseedor absuelto en dicha causa judicial, podría entregarse el vehículo en calidad de definitivo, toda vez que el Estado no ha logrado demostrar que la adquisición del dominio, aunque irregular y contraria a la ley, haya sido dolosa, implicando una solución basada en cuestiones de absoluta equidad.

Entonces, a estas instancias cabe preguntarnos qué hacer con este automóvil de origen desconocido e incluso ilícito, ya que un certificado de restitución emitido por la autoridad penal no es título suficiente para adquirir un dominio según nuestro sistema constitutivo de propiedad automotor. Incluso, vemos que ese poseedor no puede valerse de la prescripción adquisitiva por no reunir los requisitos legales para tal instituto.
Es oportuno en estas instancias recordar que el Art. 2 del decreto ley 6582/58 establece que la inscripción de buena fe de un automotor en el registro confiere al titular de la misma la propiedad del vehículo y el poder de repeler cualquier acción de reivindicación, si el automotor no hubiese sido hurtado o robado. Entonces la única solución posible para regularizar la compleja cuestión debería canalizarse por medio de juicio civil, el cual no podrá intentarse por la vía de la información sumaria toda vez que tales actos implicarían un grado de complicidad por parte de los órganos judiciales que tras un complicado procedimiento penal y luego civil se “blanquería” un delito registrando un vehículo a favor de un mero tenedor o poseedor de un automotor robado. Tampoco podría intentarse un procedimiento contencioso por no tener titular registral a quien demandar, y por ello no se podría obligar a persona alguna a regularizar la inscripción constitutiva de la compraventa. Es por ello que debo concluir que en tales casos estamos ante un bien automotor que no servirá según nuestra normativa (Art. 5, decreto ley 6582/58), como tal, razón por la cual no podría circular por la vía pública ni mucho menos transmitirse o gravarse.

Es por ello que comparto lo expresado por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba (Sala A) en el caso “Palacios”, donde el Tribunal expuso con atinado criterio que vulneraría el principio de legalidad admitir la registración de un automotor en el cual no es posible justificar el origen de los elementos que lo integra. Entonces y de acuerdo con el criterio sostenido por el experto en Derecho Registral, José Domingo Sánchez, debemos entender que un vehículo en tales condiciones estaría condenado a salir del status de bien mueble registrable de “automotor” para pasar a ser una cosa mueble en los términos del Código Civil, no pudiendo ser utilizado como automóvil ni transmitido como tal, debiendo procederse a su desguace por fuera del sistema normativo previsto para tal procediendo en automotores registrados conforme la ley, no pudiéndose vender sus piezas por estar prohibida tal práctica.

El régimen normativo para estas modalidades en Córdoba

El Régimen de Vehículos Secuestrados en causas penales se rige por la ley  8550, la que deja en manos del Tribunal Superior de Justicia, en ejercicio de la función administrativa, proveer a la conservación, entrega o devolución de los automotores secuestrados en causas penales y contravencionales de los municipios, siempre que no pudieran ser devueltos por el fiscal o Tribunal interviniente a sus propietarios, poseedores o legítimos poseedores en el plazo de treinta días a organismos para la afectación a la función o servicio público. A su vez, la reglamentación de la mencionada ley (Acuerdos Reglamentarios N° 337, serie A, 15/10/96; 377, serie A, 12/9/97 y 786, 26/8/05), establece la Sala Penal del TSJ habilita a tal función a su Sala Penal, a través de uno de sus vocales. La misma reglamentación establece que si procediera la devolución del automotor con arreglo al artículo 217 del Código Procesal Penal (art. 1º, último párrafo, de la ley 8550), el órgano judicial que secuestró el vehículo deberá, previa a la restitución, solicitar por escrito al Tribunal Superior de Justicia que deje sin efecto la entrega en depósito del mismo, si ella hubiera sido dispuesta. En dicha petición deberá expresar todos los datos necesarios para su individualización y los motivos que la justifican

Según la doctrina de nuestro Tribunal Superior in re “Ac. N° 6, 27/9/2005, "Fiscal de Instrucción de Jesús María S/ DESAFECTACION” que no corresponde la restitución de un vehículo que presenta adulteraciones delictivas en la numeración individualizadora del chasis y motor, que no se corresponderían con la original del dominio, encontrándose el solicitante imputado de encubrimiento sin que se haya resuelto su situación legal, ni se adjunte información acerca del titular registral, de modo que proceder a la devolución "importaría una suerte de 'blanqueo' del tráfico ilegal de automotores".
Asimismo, la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, Sala II, sostuvo que este tipo de soluciones (refiriéndose a la no restitución de un vehículo involucrado en estas modalidades delictivas) si bien puede resultar inconveniente desde la óptica de quien ha sido víctima de un delito en la adquisición del automotor, se ajusta a la legislación vigente que procura desalentar la comisión de hurtos, robos y demás maniobras delictivas, porque traen como consecuencia impedir el reingreso al comercio jurídico de los vehículos sobre los que hubieran sido practicadas, frustrándose de tal modo la finalidad perseguida por sus autores (Causa “Repetto Boerr, Guillermo Gustavo S/ prescripción adquisitiva”, 24/08/2004 citada por el TSJ, 18/11/2005 en “Solicitud de devolución efectuada por Jorge Omar Tenaguillo”).

Publicado en diario "Comercio y Justicia" pág. 2 -Leyes y Comentarios- el 08/10/2008